Imputación objetiva: el principio de desconfianza en aparatos estatales jerarquizados

Abstract

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República en el Recurso de Nulidad n.° 2124-2018/Lima declaró no haber nulidad en la sentencia que condenó a un comandante general del Ejército y un comandante general de la Región Militar Sur por el delito de peculado doloso en agravio del Estado, entre otros pronunciamientos. Los dos últimos párrafos del fundamento decimoquinto de esta sentencia tienen sustento en la teoría de la delegación de competencias en la estructura vertical del Ejército. El delito de peculado es una infracción de deber, donde la imputación se determina por la infracción de un deber positivo regulado normativamente, que establece deberes de resguardo y protección del bien jurídico correcta administración de los efectos o caudales del Estado. Una de las causales por las que la imputación puede ser excluida es el principio de confianza. Este principio, en los aparatos u organizaciones estatales, siempre implica la interactuación de dos o más funcionarios o servidores públicos que pueden operar en el plano vertical u horizontal. Pero en el delito de peculado la vigencia del principio de confianza es neutralizado por el principio de desconfianza, por los especiales deberes de vigilancia y control que tienen los superiores sobre el subordinado. Entonces, el principio de desconfianza se erige como contrapartida del principio de confianza y tiene una dinámica peculiar en el delito de peculado, se origina y fundamenta en los deberes de instrucción y coordinación que tiene el superior frente a sus subordinados — establecidos normativamente— y luego, se concreta en deberes funcionales de vigilancia y control del subordinado. Desde esta óptica, sería errado el fundamento decimoquinto de Recurso de Nulidad al aplicar la tesis de la delegación de competencias.