Dilación en la ejecución de sentencias en el proceso contencioso administrativo laboral

Abstract

El proceso contencioso administrativo laboral en nuestro país está destinado para resolver las controversias laborales de los trabajadores que están sujetos al régimen laboral de la actividad pública normado en el Decreto Legislativo n.º 276, del régimen especial del contrato administrativo de servicios establecido en el Decreto Legislativo n.º 1057 y del régimen del servicio civil normado en la Ley n.º 30027. En este proceso, también se tramita las reclamaciones respecto a las actuaciones de la seguridad social en materia de salud y previsional de las entidades públicas como EsSalud y Oficina de Normalización Previsional - ONP, así como las impugnaciones contra actuaciones de la autoridad administrativa de trabajo.

Esta investigación versa sobre la problemática de la dilación o demora de hasta ocho años en la ejecución de sentencias sobre pago de remuneraciones, bonificaciones o diversos beneficios laborales por parte de las entidades públicas que son demandadas. Como la dilación está fuera de todo plazo razonable, se propuso conocer la cantidad de procesos que afrontan esos retrasos, la duración de los mismos, las materias o pretensiones comprometidas, así como las razones de esa demora, recurriendo directamente a la información estadística, así como a los jueces de trabajo que tramitan esos casos.

Se ha realizado el trabajo de campo usando la técnica de la recolección documental y de la encuesta en los tres juzgados laborales de Huancayo. Los hallazgos indican que hay procesos que vienen ejecutándose hasta ocho años, vulnerando así los principios constitucionales como la efectividad de las resoluciones judiciales y del plazo razonable. Los jueces reconocen que esa demora obedece a diversas causas, siendo la principal el tema presupuestal que tienen que afrontar las entidades públicas demandadas, también la sobrecarga laboral y el ineficaz procedimiento de ejecución de sentencia. Finalmente, el autor concluye que se pueden adoptar determinadas medidas para superar esa situación, como creación de juzgados de ejecución, el incremento de presupuesto de las entidades demandadas, la ejecución anticipada de la sentencia, entre otros.